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ACTUACION PREVENTIVA Y RESTITUCION FRENTE AL SECUESTRO INTERNACIONAL DE HIJO MENOR

Estimados lectores,  en virtud de nuestra reiterada labor de acercar el derecho a los ciudadanos, hoy  trataremos una realidad que afecta al derecho de familia y derecho penal, como es la sustracción internacional de menores o Legal kidnapping.


Esta conducta comprende el traslado ilícito de un menor a un país distinto de donde reside habitualmente, transgrediendo o violando el derecho de custodia atribuido a un progenitor, incluso en los casos en los que alguno de los padres se traslade junto con el menor a otro país, impidiendo al otro ejercitar su derecho de visitas. La motivación interna de aquel que lo comete puede ser diversa: búsqueda de trabajo, huida del país, venganza, etc.

La sustracción internacional de menores se encuentra tipificada por el Código Penal conforme a continuación se expone:
“Artículo 225 bis
 1.El progenitor que sin causa justificada para ello sustrajere a su hijo menor será castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de patria potestad por tiempo de cuatro a diez años. 
2.A los efectos de este artículo, se considera sustracción:
  • 1.º El traslado de un menor de su lugar de residencia sin consentimiento del progenitor con quien conviva habitualmente o de las personas o instituciones a las cuales estuviese confiada su guarda o custodia.
  • 2.º La retención de un menor incumpliendo gravemente el deber establecido por resolución judicial o administrativa.

3. Cuando el menor sea trasladado fuera de España o fuese exigida alguna condición para su restitución la pena señalada en el apartado 1 se impondrá en su mitad superior.

4. Cuando el sustractor haya comunicado el lugar de estancia al otro progenitor o a quien corresponda legalmente su cuidado dentro de las veinticuatro horas siguientes a la sustracción con el compromiso de devolución inmediata que efectivamente lleve a cabo, o la ausencia no hubiere sido superior a dicho plazo de veinticuatro horas, quedará exento de pena.
Si la restitución la hiciere, sin la comunicación a que se refiere el párrafo anterior, dentro de los quince días siguientes a la sustracción, le será impuesta la pena de prisión de seis meses a dos años.
Estos plazos se computarán desde la fecha de la denuncia de la sustracción.

5. Las penas señaladas en este artículo se impondrán igualmente a los ascendientes del menor y a los parientes del progenitor hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad que incurran en las conductas anteriormente descritas”
 
No obstante lo anterior, una condena penal no comporta el regreso del menor, por lo que, en estos casos no hay mejor defensa que una buena prevención, esto es, la adopción de las medidas que recoge el artículo 103 del Código Civil:

Cuando exista riesgo de sustracción del menor por alguno de los cónyuges o por terceras personas podrán adoptarse las medidas necesarias y, en particular, las siguientes:
a) Prohibición de salida del territorio nacional, salvo autorización judicial previa.
b) Prohibición de expedición del pasaporte al menor o retirada del mismo si ya se hubiere expedido.
c) Sometimiento a autorización judicial previa de cualquier cambio de domicilio del menor.”

Para su admisión en vía civil, éstas deberán ser solicitadas a través de una demanda de solicitud de medidas provisionales previas.
 
Por otro lado, si la sustracción lamentablemente ya se ha producido, deberemos, en primer lugar, verificar si el Estado al que se ha traslado es firmante del Convenio de la Haya de 25 de octubre de 1980. En caso afirmativo, se iniciará un procedimiento a través de la Autoridad Central. Para que dicha autoridad pueda comenzar dicho proceso será necesario que sea promovido por aquel que tenga atribuida la guarda y custodia o un régimen de estancia o visitas, ante la última autoridad judicial que haya conocido en España de cualquier proceso sobre responsabilidad parental que afecte al menor, y en su defecto ante el Juzgado de Primera Instancia del último domicilio del menor en España.
El procedimiento tendrá carácter urgente y preferente.

En estos casos, si bien no es precisa la asistencia de un abogado o procurador, es ABSOLUTAMENTE RECOMENDABLE, ya que el tiempo es un elemento de capital importancia para alcanzar la recuperación del menor. La solicitud se presentará la solicitud mediante un formulario estándar aceptado por los países parte del Convenio. El formulario de solicitud se deberá cumplimentar de forma clara, en español o bien si se conoce, en el idioma del país donde se encuentra el menor. Por último, la solicitud deberá dirigirse al Ministerio de Justicia.  

La existencia de un procedimiento judicial en España o su inicio, es independiente de esta solicitud.

En el marco comunitario, es de aplicación preferente a dicho Convenio el Reglamento Europeo 2201/2013 del Consejo de 27 de noviembre de 2003 relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental.

Lamentablemente, si el país al que ha sido trasladado el menor no es firmante del Convenio, se debería acudir a una solución diplomática entre embajadas o la iniciación de un procedimiento judicial directamente en el país donde se encuentra el menor de forma ilícita. 



A continuación, os dejamos un listado de los países firmantes del Convenio:

En AFZ ABOGADOS somos especialistas en Derecho de Menores. Puedes ponerte en contacto con nosotros a través de los siguientes medios: Teléfono 91.899.05.14, Guardia 24 hr.: 606.13.89.93, Email: info@afzabogados.com.
Vamos a ayudarte


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