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Derecho y discapacidad

Lo prometido es deuda. Como ya avanzamos hace algunas semanas, aquí os dejamos la entrada de blog que resume, muy someramente,  la jornada de Derecho y Discapacidad a la que pudimos asistir en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.


  • Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

Todas las ponencias giraron en torno a la gran importancia que para España adquiere la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.  El texto fue aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, en su sede de Nueva York.
El propósito de la  mencionada Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas aquellas personas con discapacidad, así como promover el respeto de su dignidad inherente.

La discusión en este punto giró sobre si el Texto era de aplicación directa en nuestro Estado, concluyéndose que así es;  siendo una normativa importantísima, ya que en el mismo se produce un avance cualitativo y cuantitativo en cuanto a la regulación de derechos y libertades  existente en nuestro Estado hasta la fecha.

Un punto importante al respecto se basó en el relevante cambio de nomenclatura que dicha Convención realiza, y que posee más relevancia de la que a primera vista parece. Pues, hasta ahora, en nuestras demandas y contestaciones solicitábamos “declaraciones de discapacidad o modificaciones de capacidad”; pues bien, el nuevo texto acuña un término más correcto, esto es, “solicitud de apoyos”. Para favorecer la integración y aplicación de la Convención en nuestros Juzgados deberemos emplear el nuevo término <<solicitud de apoyos>>, y acostumbrar al resto de operadores jurídicos a éste término procedente y legalmente establecido.

Es famosa la reputación del Estado Español en cuanto al retraso en la aplicación de normativa internacional, y esta no iba a ser la excepción. Nosotros, a través de nuestra labor jurídica, podemos beneficiar la aplicación de la mencionada normativa, pongámosla, pues, en práctica.
Imagen extraída de "buendiario.com".


  • Especialización

El punto básico de la jornada se basó en la necesaria especialización de los organismos jurídicos en materia de discapacidad, pues existen carencias que, en una materia como esta, pueden ocasionar graves perjuicios a los ciudadanos que precisan auxilio.
Los datos hablan por sí solos:
-          En la actualidad únicamente existen 16 órganos judiciales que se dedican en exclusiva a esta materia.
-          Y, únicamente 57 órganos judiciales la gestionan de manera compartida.

La falta de especialización no afecta únicamente a los órganos judiciales, fiscales y abogados no nos quedamos atrás. En multitud de ocasiones  gestionamos los procedimientos con elementos de discapacidad  como si careciesen de los mismos, lo que conlleva una grave desprotección hacia la víctima-autor, o demandante-demandado,  que resulta a todas luces intolerable.
En lo que  a nosotros, los abogados, respecta,  algunas de las propuestas   pasarían por crear un turno especial de discapacidad, que únicamente permitiría a los profesionales formados adecuadamente en la materia atender estos casos. Recordemos que, en muchas ocasiones, estaremos asistiendo a personas a las que se les va a privar de su capacidad de obrar.

No debemos olvidar  que el 9% de la población padece algún tipo de discapacidad, y es nuestro deber moral y profesional asistirles con la mayor profesionalidad y conocimiento en la materia, en defensa de sus legítimos intereses.


  • Legislación Española

En cuanto a la normativa española, es relativamente reciente el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, que desarrolla aspectos sociales, educativos, asistenciales y laborales dentro de esta materia, y que deroga las siguientes leyes:
- Ley 13/1982, de 7 de abril,de Integración Social de los Minusválidos (LISMI).
- Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
- Ley 49/2007, de 26 de diciembre, de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad Todos los ponentes pusieron de manifiesto que existe normativa suficiente, el problema pasa por su cumplimiento.

Recordaros, de nuevo, las trascendentes palabras de uno de los magníficos oradores de la jornada:
“la discapacidad forma parte de la diversidad humana, es algo que es; no es un problema, pues los problemas son situaciones que tienen solución”.

AFZ ABOGADOS forma parte del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), con la fuerte convicción de defender los intereses de aquellos que más lo necesitan de la manera más profesional. Quedamos a su disposición. Póngase en contacto con nosotros a través del número de teléfono  91.899.05.14, 606.13.89.93, o bien, a través del correo electrónico info@afzabogados.com.

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